La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS)  y la Alianza Residuo Cero advierten que el proyecto de real decreto sobre la gestión de productos textiles y de calzado resulta insuficiente para impulsar una verdadera economía circular

El actual proyecto de real decreto sobre los residuos textiles y de calzado, cuya consulta pública concluyó el pasado 4 de septiembre, busca regular la prevención y gestión de residuos en el sector, además de establecer la responsabilidad ampliada del productor.

Sin embargo, las organizaciones advierten que los objetivos planteados son insuficientes y llegan demasiado tarde para hacer frente a la sobreproducción derivada de la moda rápida, motivo por el cual ha presentado alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Propuestas de reutilización y reciclaje

Las dos entidades proponen incrementar de forma significativa los objetivos de reutilización:

  • 40% de reutilización en 2030, frente al 20% planteado en el borrador.
  • 50% en 2035, consolidando la preparación para la reutilización como pilar del sistema.

En materia de reciclaje, critican que la propuesta retrase durante cinco años la fijación de objetivos, pese a que la Ley 7/2022 ya establece mínimos. Sugieren:

  • 20% de reciclaje en 2030.
  • 25% en 2035, con compromisos claros desde el inicio.

 Calendario y financiación: los puntos más conflictivos

Uno de los aspectos más cuestionados es el calendario. El borrador fija el 2027 como año de referencia para los objetivos de reducción, lo que para AERESS y Alianza residuo Cero supone retrasar una acción urgente. La red propone adelantar ese horizonte a 2024.

También rechazan que las entidades locales deban asumir la recuperación de textiles de la fracción resto, residuos que no pueden reutilizarse ni reciclarse. Exigen que el coste íntegro recaiga en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), aplicando el principio de “quien contamina, paga”.

 Definiciones legales y seguridad jurídica

Las organizaciones alertan de que la definición de “entidades de economía social” incluida en el texto es vaga y puede dar lugar a inseguridad jurídica o abusos. Por ello, propone adoptar la figura de “entidad prestadora de Servicios de Interés Económico General”.

Del mismo modo, reclama que la definición de “operadores de reutilización” sea más precisa y que toda entidad no autorizada como gestora de residuos deba firmar un convenio con una entidad de economía social acreditada.

 Instrumentos económicos: de opcionales a obligatorios

El borrador establece que las autoridades “podrán usar” incentivos económicos para cumplir los objetivos, algo que ambas organizaciones consideran inaceptable. Exigen que el uso de estos instrumentos sea obligatorio e incluyen propuestas concretas como:

  • Exenciones fiscales.
  • Reducciones del IVA para ropa reutilizada, reparada o reacondicionada.
  • Bonificaciones o subvenciones que impulsen el cumplimiento de la jerarquía de residuos.

AERESS y Alianza Residuo Cero recuerdan que la Ley 7/2022 fijaba el 11 de abril de 2025 como fecha de inicio de la responsabilidad financiera de los productores. Exigen que se respete este calendario y que se aplique con carácter retroactivo, ya que durante años han sido las entidades sociales y locales quienes han soportado los costes de gestión.

Con estas alegaciones, AERESS y Alianza Residuo Cero  buscan que la norma no solo se limite a regular, sino que sea un verdadero motor hacia la economía circular en el sector textil y del calzado.

Comparte!

Entradas Recientes