El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente en tramitación parlamentaria, suspende en la adopción de medidas que propicien el cambio necesario hacia el residuo cero.

La Alianza Residuo Cero exige un enfoque a la altura de la emergencia ecológica y social, que priorice la prevención y la reutilización de productos, y que garantice el cumplimiento al 100

% de la responsabilidad de empresas envasadoras y productoras.

España ya acumula un año de retraso en la trasposición de las directivas europeas de residuos y envases y debería haber adoptado también la de plásticos de un solo uso el pasado 3 de julio, por lo que se enfrenta a ser sancionada con multas millonarias por parte de la Unión Europea si no reacciona con celeridad y ambición.

Han pasado dos meses desde que el texto de la Ley de Residuos y Suelos contaminados entrase en el Congreso de los Diputados, pero todavía no se han votado las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El plazo se ha ampliado hasta septiembre, mes que simboliza la reválida para superar asignaturas pendientes, una nueva oportunidad para el Gobierno y los grupos parlamentarios de cara a lograr una ley que aporte un cambio real en el paradigma de los residuos en España.

En materias como la prevención, la reutilización y la responsabilidad ampliada del productor, el proyecto de Ley debe establecer objetivos más ambiciosos y vinculantes, y situar así al Estado en línea con el residuo cero y saltar al grupo de vanguardia de los países europeos en materia de protección del entorno y de la salud de las personas.

La Alianza Residuo Cero, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider Foundation, demanda una mejora en las siguientes materias para septiembre:

Prevención y reutilización

La prevención de residuos debe ser una estrategia prioritaria de la nueva ley, incorporando objetivos específicos por flujo de residuos y medidas concretas que den un giro de 180 grados al modelo actual, basado en el derroche de recursos naturales y la gestión ineficiente de los residuos, ambas con graves impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

El texto debe poner fin a la obsolescencia prematura de los productos, exigiendo la puesta en el mercado de productos reparables, reutilizables y, en última instancia, reciclables. También se debe garantizar el derecho a un consumo sin envases de un solo uso, fomentando la venta a granel y los envases rellenables y reutilizables en establecimientos comerciales.

Se debe garantizar la máxima calidad y eficiencia en la implementación de la recogida separada de los biorresiduos, mediante un objetivo de captura y el establecimiento de un límite de impropios, así como el fomento de instalaciones de tratamiento biológico (compostaje) que respeten el principio de proximidad.

Responsabilidad ampliada del productor

Urge garantizar que las empresas que ponen en el mercado sus productos asuman de manera efectiva el 100 % del coste de su gestión y que este no se traslade a los municipios y las personas contribuyentes. Al mismo tiempo, se debe garantizar el incumplimiento de este objetivo mediante sistemas de control, trazabilidad y transparencia y ampliar la responsabilidad a otros flujos como textil sanitario, muebles, colchones, cápsulas de café, maquinillas de afeitar o papel entre otros.

Sistemas de Depósito

Es necesario que las personas consumidoras recuperen a partir del 1 de enero de 2023 su derecho a devolver latas, botellas y bricks a las tiendas para evitar así su abandono masivo en los entornos naturales y marinos y cumplir con los objetivos de las directivas europeas. En este sentido, es necesario analizar la ampliación de estos sistemas de depósito a otros materiales y su posterior establecimiento sin dilación.

Competencias para las comunidades autónomas

Respetar la competencia de las comunidades autónomas para la aplicación de medidas de protección del medio ambiente más allá de lo que establezca la propia ley es clave para avanzar en este cambio de rumbo.

Hacia el fin del vertido y la incineración

La nueva Ley debe poner fin a la actual supremacía de los tratamientos finalistas en el Estado español, vertido e incineración, como exige la normativa europea. Para ello, el nuevo impuesto al vertido, la incineración y la coincineración debe tener carácter finalista y un formato progresivo anual.

A fecha de hoy, la Unión Europea tiene al Estado español en el punto de mira por acumular diversos retrasos en la trasposición de las directivas de residuos que pueden causar multas millonarias. Si aprueba estas asignaturas pendientes, España puede cambiar tanto su realidad como la percepción comunitaria respecto a la gestión de los residuos y dar un impulso real hacia un nuevo escenario más transparente, eficiente y sostenible.

“Todavía estamos a tiempo de aprobar estas asignaturas en la Ley de Residuos y encaminarnos hacia un modelo donde los residuos sean considerados recursos, un concepto vital para avanzar hacia una sociedad con las personas y el planeta en el centro. Por el contrario, suspender puede abocarnos no solo a multas millonarias sino a agravar aún más la crisis climática y ecológica que vivimos”, ha alertado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción: “La Ley de Residuos debería respetar el derecho de consumidoras y consumidores a no generar residuos en su consumo, mediante prevención, reutilización y, en última instancia, reciclaje de los residuos generados”.

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