Organizaciones estatales y de diferentes territorios del estado se aúnan en un paso histórico para exigir a la vicepresidenta Ribera y al Ejecutivo español un cambio de rumbo inmediato.
La normativa europea exigía a España reutilizar y reciclar el 50% de los residuos municipales en 2020, un objetivo que la denuncia ante la Comisión Europea demuestra que no se va a cumplir ya que se sitúa por debajo del 35%.
En una alianza sin precedentes, 16 entidades sociales, tanto de ámbito estatal como territorial, han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reutilización y reciclaje del 50% para 2020 marcado por la Unión Europea. La denuncia, que ha sido aceptada por la Comisión Europea, supone un hito histórico y viene motivada por años y años de políticas erráticas, porcentajes de recogida selectiva y reciclaje estancados y total desinterés para fomentar la prevención y la reutilización, según han detallado esta mañana diferentes personas representantes.
“Todas las prospecciones sobre la preparación para la reutilización y reciclaje en 2020 obligan a pensar que en el Estado español no se cumplirán los objetivos establecidos por la Directiva 2008/98/CE”, reza la denuncia presentada por este grupo de colectivos. Según los últimos datos presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el reciclaje de residuos municipales en España se situaba en el 35% en 2018. Y, no solo esta insuficiente cifra ha empeorado en los últimos años, sino que además España no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión le ha ido recomendando en los últimos años para llegar al objetivo del 50% en 2020. “El incumplimiento resulta más que evidente y es un síntoma claro de la ineficiente gestión de los residuos en España”, han sentenciado los denunciantes.
En la lista de firmantes de la denuncia se aúnan entidades de distintos perfiles y ámbitos, como la principales ONG ambientales del estado, pero también organizaciones de diferentes territorios como Baleares, Navarra, Euskadi, Catalunya, Canarias o Galicia, donde se están sufriendo las consecuencias sociales, ambientales y económicas de este incumplimiento.
En su denuncia, más allá de solicitar que la Comisión Europea admita a trámite su reivindicación, las entidades demandan un cambio de rumbo inmediato por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera, principal responsable dentro del Ejecutivo español. Este giro de 180 grados pasa por trasponer las nuevas Directivas de residuos a través de una nueva Ley de Residuos participativa y ambiciosa, con herramientas que aseguren el cumplimiento obligatorio de los nuevos objetivos de reutilización y reciclaje.
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