Propuestas de la Alianza residuo cero para las elecciones generales de Julio de 2023

La crisis ambiental, climática y de biodiversidad y los impactos que provocan suponen uno de los desafíos más importantes que la sociedad ha tenido que afrontar nunca. Afrontar este reto exige de una transformación profunda de los actuales modelos energéticos y productivos, y un compromiso político de máxima prioridad.

A pesar de ello, tanto la política europea como la española continúan relegando a un segundo plano el principio de reducción del uso de recursos naturales y de generación de residuos.

El Estado español ocupa las primeras posiciones del ranking europeo en cuanto a incumplimiento de objetivos y dista mucho de un desarrollo adecuado de medidas técnicas y económicas que permitan avanzar hacia el residuo cero. Dada la situación y los escenarios futuros que se intuyen, el uso eficiente de los recursos y la gestión preventiva de los residuos debe ser una prioridad de la nueva legislatura. Para ello es necesaria una visión que supere el ya obsoleto discurso de la “sociedad del reciclaje y la economía circular” y avanzar hacia la “sociedad residuo y tóxicos cero y la economía de la reutilización”.

Las entidades de la Alianza Residuo Cero (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero, Surfrider Foundation) presentamos un conjunto de propuestas para su valoración y adopción en los programas electorales de los partidos y coaliciones que se presenten a las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Propuestas

1. Incorporar la prevención de residuos como una estrategia prioritaria. Desarrollar políticas, programas y actuaciones concretas que permitan desacoplar el crecimiento económico de la generación de residuos.

-Desarrollo de una Estrategia Estatal de Residuo Cero y de Producción Limpia.

-Desarrollo reglamentario de la Ley 7/2022 y del RD 1055/2022. Entre otros, priorizar la elaboración del listado de exclusiones de las Denominaciones de Origen Protegido y de las Indicaciones Geográficas Protegidas para la implantación de la prohibición de la venta de frutas y hortalizas envueltas en plástico con menos de 1,5 kg con criterio de máxima reducción del sobre envasado.

-Elaboración y aplicación del Plan de Prevención de Residuos estatal tal como establece la Ley de residuos.

-Avance en la reducción de productos de un solo uso que tienen un fuerte impacto ambiental como lo son, la totalidad de plásticos de un solo uso (no solo envases), los productos de higiene íntima de usar y tirar, el mobiliario de bajo calidad, el desperdicio alimentario, los aparatos eléctricos y electrónicos y el textil, excepto los que sean esenciales mediante previa justificación (como los objetos para atención sanitaria).

– Prohibir el avance de los “bio-plásticos” (plásticos “biodegradables”, “compostables” o “bio-basados”) como falsa solución para la sustitución de los envases de plástico de un solo uso.

-Prohibición de los microplásticos añadidos intencionalmente en productos de cosmética, higiene, etc.

-Auditorías obligatorias y formación para los trabajadores de toda la cadena de valor de los pellets de plástico. Obligatoriedad de declarar las pérdidas a las empresas y de hacerse cargo de los costes ambientales de los vertidos y contaminación por pellets.

-Impulso y aprobación de la Ley de prevención del desperdicio alimentario.

2. Desplegar programas, actuaciones y políticas para que los productos que se convierten en residuos no contengan sustancias ni aditivos perjudiciales para la salud humana ni los ecosistemas terrestres y acuáticos.

-Implantación y control de la prohibición de uso de ftalatos y bisfenol A en los envases, especialmente alimentarios.

-Obligación a productores y distribuidores a indicar el contenido de sustancias químicas en el etiquetado de los productos (especialmente en los productos de higiene íntima -compresas, tampones, pañales y productos de higiene y cosmética).

-Desarrollo de estudios epidemiológicos y de bioacumulación en el conjunto de la sociedad y muy especialmente para población de riesgo (infancia, jóvenes y mujeres) para evaluar y monitorizar los efectos de los residuos y la toxicidad de los productos de consumo en la salud humana.

-Incorporación de análisis y monitorización de la contaminación plástica en el análisis de las aguas de baño (a día de hoy solo se tienen en cuenta bacterias fecales).

-Contribución al desarrollo europeo de normativas a favor de residuos y tóxicos cero, tal como el Reglamento de Ecodiseño, la Directiva de Alegaciones Ambientales, la Directiva de productos químicos en contacto con alimentos, etc. y su urgente transposición al marco normativo estatal.

– Adopción de medidas rigurosas para prevenir la generación de residuos de tabaco en las playas . Extender la Responsabilidad ampliada del productor al tabaco.

3. Establecer las medidas necesarias para la mejora significativa de las recogidas selectivas

-Priorización del despliegue de la recogida selectiva de la fracción orgánica con criterios de calidad y gestión descentralizada y de proximidad. Priorizar la elaboración de compost de calidad, dado el importante papel que esta práctica puede tener en la protección medioambiental y la lucha contra la desertificación.

-Aplicación del RD 1055/2022 con rigor. Dirigir y tutelar una contabilidad fiable y transparente de las botellas de plástico recogidas de forma separada en 2023 de cara a la implantación del Sistema de Depósito y Retorno para envases de bebidas de un solo uso. Ampliar la implantación de la devolución de envases a tiendas y supermercados a envases metálicos, bricks y vidrio para bebidas.

-Desplegar instrumentos efectivos para la recogida selectiva, tales como la recogida puerta a puerta y el pago por generación en el conjunto del territorio.

-Poner punto final a vertederos e incineradoras.

4. Adoptar medidas concretas para promover un aumento efectivo de la reutilización e incentivar su demanda y poner freno a la obsolescencia prematura de los productos de consumo.

-Despliegue del RD 1055/2022 para la correcta implantación de las medidas de reutilización, favorecer los instrumentos y la logística de reutilización y garantizar el acceso a productos reutilizables (bebidas especialmente).

-Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el futuro reglamento europeo de envases y residuos de envases.

– Ejecutar medidas de control y sanción efectivas para acabar con la exportación ilegal de residuos plásticos a países del Sur global y con los incendios provocados en plantas de tratamiento y vertederos.

5. Adoptar medidas para reducir el consumo de recursos, combatiendo la obsolescencia programada de los productos y garantizando el derecho a reparar

• Elaborar un plan nacional para reducir el consumo de recursos naturales y la generación de residuos, basando en un estudio del consumo en España vinculado a diferentes escenarios de demanda, con medidas que promuevan la eficiencia y suficiencia en el uso de recursos y el fomento de modelos de producción y consumo alternativos.
• Apoyar la adopción de requisitos europeos de ecodiseño ambiciosos, de modo que todos los productos en el mercado europeo sean eficientes en el uso de recursos, duren más, sean más fáciles de reparar y, en última instancia, de reciclar.
• Combatir la obsolescencia de los productos en todas sus formas (programada en sentido estricto, psicológica, por falta de reparabilidad), con un plan integral que incluya medidas judiciales, fiscales y de regulación del lavado verde, y que cuente con la participación de la sociedad civil y organizaciones expertas.
• Apostar decididamente por un “derecho universal a reparar”, defendiendo una Directiva europea que aborde todos los obstáculos actuales, y avanzando medidas nacionales como incentivos fiscales para que la reparación sea asequible (IVA reducido, eco-modulación de las tasas, creación de un fondo de reparación…), garantizar la disponibilidad de manuales y piezas de repuesto a reparadores independientes, ampliar los periodos de garantía fomentando la reparación frente a la substitución, o fomentar las iniciativas comunitarias de reparación, venta de segunda mano e intercambio

6. Hacer cumplir el principio europeo de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) que materializa la premisa de “quien contamina paga”.

Con este fin, reforzar las medidas de control, trazabilidad y transparencia en los sistemas actuales (envases, pilas, electrodomésticos…), asegurar que los sistemas de gestión compensan a las administraciones públicas territoriales por el 100% de los costes de los residuos. Desarrollo reglamentario de la aplicación de la RAP para otros flujos de residuos, tal como posibilita la Ley de residuos.

7. Integrar en la compra pública

A través de los pliegos correspondientes, cláusulas que posibiliten la aplicación del principio de jerarquía de residuos y la economía de la reutilización además de otras medidas ambientales y sociales.

8. Desarrollo de campañas de Educación Ambiental y Comunicación propias de la administración

– Reserva de fondos propios para educación ambiental en los presupuestos públicos de un mínimo de 2 €/habitante y año.

– Desarrollo de campañas transversales y periódicas que inviten a la ciudadanía a hacer una reflexión crítica sobre la problemática de los residuos y propuestas proactivas que capaciten a la sociedad. Con recursos económicos necesarios y con profesionales con la formación necesaria, sin injerencia de intereses económicos.

9. Implantación de medidas de fiscalidad verde.

Para avanzar en la transición hacia un modelo de producción y consumo que reduzca la explotación de recursos naturales y que permita la reintroducción de los residuos como materia prima en la industria y la agricultura.

10. Impulso, apoyo y control a la retirada y gestión adecuada del amianto en todas las CCAA.

Priorización de las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la infancia como población más vulnerable.

11. Defender la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas para definir políticas ambientales propias.

Estableciendo normas adicionales de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1. 23ª de la Constitución Española.

12. Garantizar el acceso a la información, trazabilidad y transparencia en todo lo vinculado a la generación y gestión de residuos.

-Asegurar transparencia y el correcto funcionamiento en el Registro de Productores de envases, así como en la trazabilidad sobre flujos de residuos de las diferentes CCAA.