La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa han participado en la consulta pública sobre la modificación de la Ley de Residuos y advierten de que seguir cambiando las normas sirve de poco si las administraciones no despliegan los mecanismos de aplicación, control y sanción necesarios para cumplirlas.

Las organizaciones advierten de que la reforma será insuficiente si no se priorizan la prevención y la reutilización y si no se garantizan mecanismos efectivos de aplicación, control y sanción. El bloqueo del Sistema de Depósito es uno de los ejemplos de una falta

La Alianza Residuo Cero y la plataforma  #LeydeResiduosYa, que agrupan a más de 130 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y de la economía social de toda España, han presentado sus comentarios en la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley por el que se modificará la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Las organizaciones consideran necesaria la adaptación de la legislación española a las nuevas obligaciones europeas y valoran la oportunidad de mejorar una ley que presenta carencias. Sin embargo, advierten de que seguir modificando leyes y reglamentos no permitirá avanzar hacia una economía circular real si las administraciones no garantizan después su cumplimiento efectivo.

“Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Residuos de 2022, el principal problema ya no está únicamente en lo que dice la legislación, sino también en la falta de desarrollo de numerosas medidas ya aprobadas, de mecanismos de control y seguimiento y de un régimen sancionador capaz de actuar frente a los incumplimientos”, han valorado las entidades. “Podemos seguir aprobando leyes y adaptándonos sobre el papel a las obligaciones europeas, pero una ley que no se desarrolla, no se controla y no se hace cumplir no reduce ni un solo residuo. España necesita pasar de legislar sobre la economía circular a hacerla realidad”, han señalado las entidades.


El Sistema de Depósito, un caso paradigmático

Un ejemplo claro de esta realidad es el del Sistema de Depósito (SDDR) para envases de bebidas, cuya puesta en marcha está prevista legalmente para el 22 de noviembre de 2026.

A poco más de dos meses de esa fecha, el procedimiento de autorización de las cuatro entidades que aspiran a operar el sistema continúa paralizado en la Comunidad de Madrid y sin un calendario conocido para su resolución. La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA ya denunciaron esta situación en julio, después de conocer que la Comisión de Coordinación en materia de residuos había solicitado en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid que trasladara a las entidades candidatas un requerimiento de subsanación necesario para continuar con los expedientes. Más de un mes después, la situación continúa bloqueada y no se ha producido ningún avance conocido.

“El Sistema de Depósito demuestra meridianamente el problema: tenemos una obligación aprobada, una fecha fijada por ley y una medida necesaria para cumplir los objetivos europeos, pero su aplicación puede fracasar porque el procedimiento administrativo permanece bloqueado. De nada sirve establecer nuevas obligaciones si después las administraciones permiten que los plazos se incumplan sin consecuencias, especialmente cuando se trata de priorizar de verdad la reducción de residuos y la reutilización”, han criticado.


Obligaciones que siguen sin cumplirse

En sus alegaciones, las organizaciones reclaman que la reforma refuerce la prevención como primera prioridad de la política de residuos, tal y como establece la propia jerarquía europea.

Entre las medidas pendientes se encuentra el desarrollo de la obligación de venta sin envase de frutas y verduras y la publicación de la lista de productos perecederos excluidos, todavía pendiente años después de la aprobación de la ley.

Otro  de los ámbitos prioritarios es el desperdicio alimentario. Pese a la aprobación de la Ley 1/2025, su desarrollo sigue siendo insuficiente y los diferentes actores de la cadena carecen todavía de herramientas y mecanismos claros para hacer efectivas muchas de las actuaciones previstas.”. Entre otras cuestiones, reclaman una cuantificación real del desperdicio alimentario en sus diferentes eslabones, imprescindible para diseñar políticas públicas eficaces, establecer prioridades y evaluar sus resultados.

También recuerdan que los objetivos generales de prevención continúan lejos de materializarse, especialmente en flujos como envases, textiles, residuos voluminosos y productos de un solo uso. Las organizaciones ponen como ejemplo la venta a granel de frutas y verduras y reclaman que el desarrollo pendiente de esta medida mantenga su objetivo original: reducir de forma efectiva el uso innecesario de envases, evitando excepciones tan amplias que terminarían vaciando de contenido esta medida.

La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA reclaman también dar un salto en materia de reutilización, para que la política de residuos deje de depender fundamentalmente del reciclaje. Entre las propuestas planteadas se encuentra que el futuro Sistema de Depósito, Devolución y Retorno incorpore también el vidrio y pueda servir para impulsar no solo la recuperación de envases de un solo uso, sino especialmente los envases reutilizables.

Asimismo, en línea con el Reglamento europeo de envases y residuos de envases, las entidades reclaman desarrollar sistemas reutilizables para el take-away, extender decididamente la reutilización al comercio electrónico y corregir la regulación de los vasos reutilizables para evitar prácticas como las detectadas en festivales y grandes eventos que terminan desvirtuando el concepto de reutilización. “La economía circular no consiste en reciclar cada vez más productos desechables. Consiste, antes que nada, en evitar que se conviertan en residuos”, han recordado.

La economía circular no puede ser tóxica

Otro de los aspectos centrales de las alegaciones es la presencia de sustancias peligrosas en productos y materiales que posteriormente pueden entrar en circuitos de reciclaje y reutilización. La Ley de Residuos introdujo restricciones sobre sustancias como los ftalatos y el bisfenol A, pero las organizaciones consideran que siguen faltando procedimientos suficientemente claros de control, seguimiento y verificación que permitan garantizar que los productos comercializados cumplen efectivamente estas prohibiciones.

Por ello, reclaman mecanismos efectivos de vigilancia y medidas que eviten el reciclaje o la preparación para la reutilización de productos que contengan contaminantes orgánicos persistentes (COP), además de reforzar los requisitos relativos a sustancias peligrosas en productos como los textiles sanitarios. “La circularidad no puede servir para mantener sustancias tóxicas circulando indefinidamente entre materiales y productos. Antes de cerrar los ciclos de materiales debemos garantizar que esos ciclos sean seguros para las personas y el medio ambiente”, advierten.


Una fiscalidad que premie prevenir y reutilizar

La Alianza Residuo Cero y #LeydeResiduosYA plantean también revisar la fiscalidad ambiental para que las señales económicas favorezcan realmente las opciones superiores de la jerarquía de residuos. Las entidades proponen que la recaudación del impuesto sobre los plásticos tenga carácter finalista y se destine a políticas de prevención, reutilización y preparación para la reutilización. Por ejemplo, se debe llegar a los objetivos de preparación para la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos y que la financiación ligada a la responsabilidad ampliada del productor tiene que ir menos orientada al reciclaje y más a maximizar la prevención de residuos .

Asimismo, consideran que la fiscalidad no debería penalizar únicamente el plástico no reciclado, sino el conjunto de los plásticos de un solo uso, independientemente de su contenido reciclado, para evitar que el impuesto termine consolidando el modelo de usar y tirar. También reclaman que los costes asociados al vertido, la incineración y la coincineración sean suficientemente elevados y estén armonizados territorialmente para desincentivar estas opciones frente a la prevención, la reparación, la reutilización y el reciclaje.

En paralelo, proponen una reducción del IVA para los productos de segunda mano y los productos reparados, facilitando que reparar y reutilizar pueda competir económicamente con comprar productos nuevos.

La prevención es clave

Las colillas de cigarrillo constituyen una de las mayores fuentes de contaminación plástica y química a nivel global, una problemática agravada por el auge de las bolsas de nicotina y los vapeadores desechables, que introducen microplásticos y residuos electrónicos de alta complejidad que encarecen la gestión municipal. Para atajar este impacto ambiental y económico, se solicita la prohibición estatal de estos productos innecesarios: los filtros de cigarrillo por carecer de beneficios de salud, los vapeadores por el desperdicio de materias primas críticas como el litio y el riesgo de incendios, y las bolsas de nicotina de forma preventiva para proteger la salud pública de los jóvenes.

Por otra parte, se ha propuesto considerar residuos que no se contemplaban adecuadamente en la anterior ley de residuos, como los microplásticos generados por el césped artificial. Este material libera masivamente filamentos plásticos en las aguas, consume 4.500 litros de agua por metro cuadrado en su producción y resulta menos sostenible que el césped natural. Por ello, en el marco del artículo 18 sobre prevención, se propone regular su uso —conforme al Reglamento Europeo 2023/2055—, prohibir su empleo en eventos al aire libre y restringir su presencia en patios escolares y centros deportivos.

Controlar, sancionar y evitar la destrucción de productos nuevos

Las organizaciones consideran imprescindible que la reforma aborde una de las principales debilidades del sistema actual: la distancia existente entre las obligaciones establecidas sobre el papel y la capacidad real de las administraciones para comprobar y exigir su cumplimiento. Por ello, reclaman reforzar los sistemas de inspección, seguimiento y trazabilidad, definir con claridad las responsabilidades de las distintas administraciones y desarrollar un régimen sancionador efectivo, proporcionado y disuasorio.

Las alegaciones incluyen también la petición de prohibir la destrucción de aparatos nuevos que hayan sido devueltos, así como evitar que equipos informáticos completos sean destruidos por motivos de protección de datos cuando existen alternativas que permiten garantizar el borrado seguro de la información sin convertir innecesariamente todo el dispositivo en residuos.

Para las entidades, estas medidas responden a un mismo principio: “antes de producir nuevos residuos hay que agotar las posibilidades de prevención, reparación y reutilización. Europa no se cumple publicando leyes en el BOE”.

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